A imagen de la sociedad tailandesa, el panorama mediático está muy polarizado: por un lado, la prensa generalista sigue la línea del gobierno, como hace el diario Thai Rath; por otro, los medios más confidenciales tratan de aportar una visión alternativa y son, por ello, objeto de presiones por parte de las autoridades. Es el caso de Voice TV, una cadena fundada en sus orígenes por una figura destacada de la oposición, amenazada con ser suspendida regularmente. La represión es aún mayor con algunos medios digitales, como Prachatai o The Reporters, que libran una lucha permanente para hacer llegar una información fiable a los internautas del reino.

El éxito del partido reformista Move Forward en las elecciones generales de mayo de 2023 no condujo a la formación de un gobierno, ya que el Senado se opuso a sus propuestas de reforma de la “ley de lesa majestad”. Tras intensas negociaciones políticas, el partido Pheu Thai lideró una coalición para nombrar a Srettha Thavisin nuevo primer ministro, y aliarse posteriormente con el establishment monárquico del país, respaldado por el ejército.

La amplísima definición del crimen de “lesa majestad” (art. 112 del código penal), sujeto a condenas de 15 años de cárcel, funciona como una espada de Damocles que pende sobre cada periodista. El recurso sistemático a las leyes sobre difamación y ciberdelincuencia es utilizado igualmente para acosar a los periodistas, que, en caso de ser procesados, deben afrontar gastos jurídicos desorbitados. El gobierno ha impuesto, además, un “código de conducta” que le permite suspender las licencias de los medios, so pretexto de que atentan contra “las buenas costumbres”.

Aparentemente independientes del poder ejecutivo, los grandes medios del país están, en realidad, en manos de un puñado de oligarcas directamente vinculados con la familia real, el ejército y el general y ex primer ministro Prayut Chan-o-cha. Por otro lado, los medios cercanos a la oposición han sido creados gracias a la financiación de los círculos de negocios próximos al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que volvió al país en 2023 tras años en el exilio. El desarrollo de nuevos métodos de financiación colectiva ha favorecido la eclosión de webs de información menos condicionadas a la impronta de sus inversores.

El mensaje está claro: o las redacciones respetan una autocensura escrupulosa o los periodistas se exponen a acusaciones de atentado contra “la seguridad nacional” o contra “la paz y el orden”, que pueden llevarlos directamente a prisión. La prueba palpable de este clima de miedo generalizado es que las constantes oleadas de manifestaciones en favor de la democracia fueron cuidadosamente silenciadas en los medios de la élite gubernamental. Los periodistas de los medios alternativos tienen que extremar la cautela y medir cada palabra para no terminar entre rejas.

En Tailandia, todo periodista debe saber que cualquier crítica al poder es susceptible de desencadenar una violenta represión, posible gracias a una justicia a las órdenes del poder ejecutivo. Desde el golpe de Estado de 2014, varias decenas de periodistas y blogueros se han visto obligados a elegir entre la cárcel o el exilio. Los presos condenados por crimen de “lesa majestad” son sometidos a malos tratos sistemáticamente. Por otra parte, la policía actúa con violencia: en noviembre de 2022, varios periodistas resultaron gravemente heridos cuando intentaban cubrir manifestaciones.